UN NUEVO ESTILO DE GOBIERNO Noticias BID

En la Costa Atlántica de Nicaragua, grupos de acción cívica y líderes locales asumen tanto las responsabilidades como las recompensas de la autonomía
Por Roger Hamilton, Puerto Cabezas, Nicaragua

Los violentos brincos que sacudían a la camioneta por el accidentado camino que nos llevaba de Puerto Cabezas hacia el norte, eran sólo un preludio de lo que se avecinaba.
Era un paisaje desierto cuya monotonía sólo se rompía con la ocasional aparición de algún pueblo o caserío remoto. Sorteando con frecuencia puentes destruídos, el camino obligaba a la pequeña camioneta a abrirse paso por empinadas laderas y barrancos para luego vadear los arroyos. En uno de estos parajes, dos peones que trabajaban en la carretera, al divisar nuestro vehículo se apresuraron a tender una cuerda de trapos a lo ancho del camino, exigiéndonos el pago de 10 córdobas para permitirnos el paso. Debido a que el gobierno carecía del equipo o los recursos necesarios para reparar la carretera, la comunidad local había decidido tomar el asunto en sus manos y el whita (palabra que en idioma miskito significa juez) había autorizado el cobro del "peaje".
Nuestro destino aquel día era Bismuna, un pueblo miskito de la costa, cerca de la frontera con Honduras. Rodolfo Smith, un funcionario del municipio local que nos servía de guía, venía estrujado en el asiento del medio y se veía obligado a cambiar constantemente la ya incómoda posición de sus piernas cada vez que el conductor efectuaba un cambio de marcha.
Smith nos explicaba que las comunidades indígenas de esta región conservan gran parte de su organización política tradicional y de su autonomía para el manejo de asuntos propios. La mayoría cuenta con un consejo de ancianos, un jefe, un juez y otras autoridades, todos elegidos por consenso.
A lo largo de la historia, comunidades como ésta han funcionado políticamente aisladas. No tienen prácticamente relación alguna con el municipio local, con la representación del gobierno regional con sede en Puerto Cabezas, o con el gobierno central de Managua, la capital. En apariencia, su situación se consideraría una auténtica utopía, sin agobiantes funcionarios oficiales, ni recaudadores de impuestos. La realidad es que estas comunidades son extremadamente pobres. Si un niño tiene la suerte de ir a la escuela, no tiene libros de texto. Una persona enferma puede morir sin haber visto nunca a un médico. La buena cosecha de un agricultor se puede perder facilmente si éste no consigue transportarla al mercado para su venta. Sin servicios básicos ni infraestructura, los habitantes de estas comunidades tienen pocas esperanzas en un futuro mejor.
Forjando una democracia local.
Pero este aislamiento terminará pronto. La población de la Costa Atlántica de Nicaragua está exigiendo ser escuchada y el gobierno de Managua ha respondido con un programa para el fortalecimiento de la administración local.
El nuevo programa financiado por el BID dará solidez a los Estatutos Autonómicos de Nicaragua, legislación adoptada en 1987 que a pesar de reconocer los derechos políticos de las comunidades de la Costa Atlántica, nunca facilitó los medios para ejercerlos. A lo largo del proyecto, las comunidades locales participarán con pleno derecho en un sistema democrático de toma de decisiones.
El programa ofrecerá apoyo a las dos regiones autónomas en las que se ha dividido la Costa Atlántica: la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), una área de indios miskitos administrada desde Puerto Cabezas, y la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), una área predominantemente afro-caribeña administrada desde la ciudad de Bluefields. En ambas zonas el programa fortalecerá la capacidad de los gobiernos regionales y requerimientos básicos necesarios para una llevar a cabo una gestión efectiva, incluyendo el forjamiento de vínculos con los municipios de su jurisdicción. Por su parte, los municipios recibirán la capacitación necesaria para el manejo de recursos, recaudación de impuestos, oferta de servicios y trabajo con las comunidades locales y organizaciones de base. (Para más información sobre el programa, ver el enlace a la derecha).
El ejemplo de una práctica peor.
Continuando nuestra ruta hacia el norte, atravesamos un erial de tierras arenosas mezcladas con rocas, en algunas partes sin vegetación alguna. No había gente, ni cosechas, ni animales. Los únicos indicios de vida humana eran unas hileras de pinos que se extendían ordenadamente por muchos kilómetros. Era evidente que alguien había tenido grandes planes para esta región, pero algo había salido mal. Los árboles se veían secos y escuálidos, y el marrón rojizo de sus descoloridas agujas indicaban que muchos estaban muertos. En algunos lugares sólo quedaban bosques de troncos calcinados por el fuego. Las altas torres de vigía para incendios lucían totalmente abandonadas al paso seguro del tiempo y de las plantas trepadoras que cubrían ya los soportes de madera.

Smith nos explicó lo ocurrido. Eran los restos de un proyecto financiado internacionalmente que la gente local no había solicitado, ni había ayudado a diseñar. Al marcharse los técnicos extranjeros, las plantaciones quedaron totalmente abandonadas. El pueblo las quemó en algunos casos para obtener pastos, en otros por accidente y en ocasiones, por simple rabia o frustración.
Aquel era un dramático ejemplo del riesgo que se corre al plantear el desarrollo de arriba hacia abajo. Esta actitud paternalista ha sido en general abandonada por los gobiernos e instituciones de desarrollo, que actualmente reconocen la necesidad de involucrar a la población local en el diseño y ejecución de los proyectos. En el nuevo programa financiado por el BID, las propuestas de proyecto se originarán en las comunidades mismas, logrando así que la gente local se comprometa con los resultados.